Pensión compensatoria en uniones estables de pareja

Desde hace tiempo viene aplicándose, con determinados requisitos, la compensación que establece el art. 97 del Código Civil a favor del cónyuge que queda en desequilibrio tras la separación o el divorcio, y de la que ya he hablado suficientemente, a las uniones estables de pareja, cuando éstas se rompen, y basándose, normalmente, en la teoría del enriquecimiento injusto, en un principio, y posteriormente considerando la aplicación por analogía del art. 97 del Código Civil directamente.

La atribución de una compensación al miembro de la pareja de hecho que queda desfavorecido tras la ruptura se ha fundamentado en momentos distintos en figuras jurídicas distintas. Así, las líneas más destacadas son las que la fundamentas en el enriquecimiento sin causa, en la aplicación analógica del art. 97 del Código Civil y la responsabilidad extracontractual, entre otras. Pero, en realidad, siempre se trata de una compensación como tal y exactamente igual que la establecida en el art. 97 del Código Civil.

En cualquier caso, lo cierto es que cuando uno de los miembros de la unión queda desfavorecido porque ha sacrificado o perjudicado su carrera o su profesión para atender a su pareja e incluso a los hijos de ambos y al cuidado del hogar, tal como si se tratara de un cónyuge, al llegar la crisis de pareja no puede dejársele desamparado, siendo precisamente este, la crisis de la  unión, el momento en que se hace más precisa una regulación al respecto , dado que, discusiones teóricas aparte, la pareja se ha guiado como un matrimonio, ha repartido las tareas y funciones de trabajo y cuidado del hogar, y aquel que queda ahora sin sustento (cuestiones de liquidación patrimonial aparte), por no poder proporcionárselo, y que ha sufrido un evidente coste de oportunidad, no puede quedarse desamparado sin más por una rigurosa aplicación del Derecho, que en absoluto haría Justicia. Dice en este sentido la SAP de Palencia de 2 de mayo de 2000 que “cuando se produce la ruptura de la convivencia more uxorio y existen hijos comunes se produce una problemática absolutamente similar a la de una crisis matrimonial por lo que a estos respecta, precisándose de regular tanto la titularidad y ejercicio de la patria potestad cuanto quien ostentará la guarda y custodia de los menores, el régimen de visitas sobre los mismos a favor del progenitor con quien no convivan, dónde han de residir y a quién debe atribuirse el uso de la vivienda familiar, la contribución a su alimentación y educación, etc.” .

ROGEL VIDE destaca varias sentencias del Tribunal Supremo, así:

-     La STS de 27 de marzo de 2001, que parte del hecho de que las uniones estables de pareja, aunque ajurídicas, no están prohibidas por el Derecho, y producen efectos jurídicos, como el asignar una pensión compensatoria al miembro de la pareja desfavorecido por la ruptura, en base a la teoría del enriquecimiento injusto, no debiendo rechazarse la aplicación por analogía de la compensación del art. 97 el CC.

-     La STS de 5 de julio de 2001, que rechaza la aplicación de la teoría del enriquecimiento sin causa y aplica analógicamente a las uniones more uxorio el art. 97 del CC, basándose, entre otras, en la STS de 16 de diciembre de 1996.

-     La STS de 16 de julio de 2002, que señala: “Si bien es cierto que la jurisprudencia de esta Sala mantuvo un tiempo la solución indemnizatoria, con base en la doctrina del enriquecimiento injusto, posteriormente –de un modo definitivo, las sentencias de 27 de marzo y 5 de julio de 2001 –considera más adecuada la aplicación analógica del artículo 97 –y concordantes –del Código civil”.

-     La STS de 12 de septiembre de 2005, a la que ya me he referido, polémica en su planteamiento de la cuestión, afirma que no puede aplicarse a la unión de hecho la compensación del art. 97 del CC y deja abierta la posibilidad de la indemnización por enriquecimiento injusto, rechazando la consolidada doctrina del Tribunal Supremo que ya había rechazado esta segunda posibilidad. La sentencia dice, entre otras cosas, lo siguiente: “La mujer, en razón a la convivencia, no ha perdido un puesto de trabajo, ni ha visto disminuidas sus retribuciones… y, si la parte demandada –el marido –ha visto aumentado su patrimonio y de una manera moderada, es debido al acierto en el desenvolvimiento de su actividad”; “debe huirse de la aplicación, por analogía legis, de normas propias del matrimonio, como son los artículos 97, 96 y 98 del Código civil, ya que, tal aplicación, comporta inevitablemente una penalización al miembro de la unión que no desea su continuidad”.

Antes de éstas, la sentencia que sentó la base de la aplicación del enriquecimiento injusto a la indemnización que debía pagarse al miembro desfavorecido por la crisis de la unión de hecho fue la STS de 11 de diciembre de 1992, que señala: “Una reiterada doctrina jurisprudencial –de la que es muestra, como más reciente, la sentencia de 31 de marzo de 1992 – tiene declarado que los requisitos necesarios para la apreciación del enriquecimiento injusto son: a) Aumento del patrimonio del enriquecido; b) Correlativo empobrecimiento del actor; c) Falta de causa que justifique el enriquecimiento; y d) Inexistencia de un precepto legal que excluya la aplicación del principio . Se ha declarado también que para la operatividad del enriquecimiento injusto basta que se ocasionen unas ganancias, ventajas patrimoniales o beneficios sin un derecho que los apoye o advere, con derivado empobrecimiento o minoración patrimonial o de utilidades en la otra parte afectada (Sª de 6 de Febrero de 1992). En cuanto al primer requisito, ha de reconocerse cómo, en principio, el aumento patrimonial obtenido por el Sr. Daniel durante los años de convivencia con la Sra. Marcelina se debió fundamentalmente a su propia actividad, pero es igualmente cierto que de los hechos declarados probados en la sentencia, según lo antes transcrito, se infiere que la colaboración prestada por la Sra. Marcelina hubo de ser determinante, al menos en parte, de la consecución de aquél y, por ello, ha de afirmarse que concurre la exigencia jurisprudencial referente al aumento patrimonial. El empobrecimiento de la actora deriva de la no retribución por el trabajo implicado en el cuidado de las relaciones sociales del demandado y en la atención doméstica del mismo, con lo que se cumple el requisito b) de los antes enunciados, ya que no ofrece duda la correlación entre la prestación de sus cuidados y trabajo por la Sra. Marcelina y el beneficio reportado al Sr. Daniel. No se halla justificado el enriquecimiento del demandado, al menos en la parte apreciada por el Tribunal a quo, porque el ordenamiento jurídico no determina que la convivencia extramatrimonial constituya a quienes optan por ella en la obligación de prestarse determinadas atenciones -en sus relaciones profesionales o sociales, vida doméstica, etc.- en la forma que está probado lo vino realizando la Sra. Marcelina. Es evidente, por último, que no existe precepto legal que excluya, para este caso, la consecuencia indemnizatoria adecuada al enriquecimiento sin causa; de todo lo cual se sigue el decaimiento del motivo estudiado… Se ampara el sexto motivo del recurso en el núm. 4º del art. 1692, en su redacción anterior a la Reforma de 30 de Abril de 1992, y el error en la apreciación de la prueba denunciado se refiere a que la Sala de instancia admitió el empeoramiento producido a la demandante a consecuencia de la ruptura de la convivencia estable extramatrimonial; como documentos en que se basa la equivocación imputada a dicha Sala se señalan los que reflejan adquisiciones realizadas por la Sra. Marcelina durante su convivencia extramatrimonial con el demandado así como los expresivos de los ingresos profesionales de aquélla. Ya se ha dicho que el empeoramiento de que se trata no es lo determinante de la indemnización y, por tanto, fundándose ésta suficientemente en cuanto se ha razonado antes en relación con el enriquecimiento sin causa, deviene irrelevante aquél, debiendo advertirse, además, que en la sentencia impugnada no se niega que los ingresos de ambas partes se incrementaran progresivamente durante los años de convivencia, hecho que no desvirtúa los presupuestos de aplicación de la doctrina jurisprudencial sobre el enriquecimiento injusto en los términos que se han expuesto. Ha de perecer, por tanto, también este motivo”.

Algunos casos en los que se ha considerado la existencia de enriquecimiento injusto:

-     SAP de Valencia de 15 de marzo de 1996: atenciones domésticas y cuidados de los hijos disminuidos psíquicos.

-     SAP de Asturias de 16 de enero de 1997: colaboración en la actividad profesional de la pareja .

GARCÍA RUBIO cuestiona el planteamiento de la sentencia citada, dado que, según dice, será discutible la aplicación del enriquecimiento sin causa cuando se trate, por el contrario del caso contemplado en la sentencia, la colaboración de uno de los miembros en el cuidado de la casa, de los hijos, y de las relaciones sociales del otro. Y dice que “la acción de enriquecimiento sin causa en favor de uno de los miembros de la pareja de hecho sólo existirá en caso de sobrecontribución del mismo al régimen contributivo conjunto, si bien porque la no remuneración de su trabajo excedente redunde en provecho del patrimonio del otro, bien porque, no tratándose en puridad de un trabajo excedente, el otro miembro incumple aquel deber moral que también le incumbe” .

LACRUZ BERDEJO dice que “el abandonado sólo en casos muy concretos podrá pedir resarcimiento al abandonante”. Y luego aclara: “parece que habría de apreciarse, igual que en la sociedad civil, el carácter intempestivo de la ruptura como causa de reparación (nunca de continuación de la convivencia). La ruptura es intempestiva cuando coloca a un conviviente que no ha dado causa para ella en estado de necesidad, como si en el marco de la vida común uno de ellos se ha consagrado exclusivamente al hogar y a la educación de los hijos, y no ha podido procurarse los ingresos precisos para su mantenimiento personal, ni tampoco la formación necesaria… Dejar a este conviviente, por el hecho de la ruptura, de la noche a la mañana, sin recursos y sin que pueda hacer frente a la nueva situación, supone un daño de cuya causación es responsable quien abandona al hogar común. Si él aceptó que la mujer, al dedicarle toda su actividad y cuidados, se pusiera en un estado de dependencia económica, parece que debe ser responsable de su mantenimiento mientras no pueda salir de ese estado (pensión de rehabilitación)”. 

Dicen DÍEZ-PICAZO y GULLÓN aclaran que “en términos generales, no es discutible que, sobre todo en el momento de la liquidación de las uniones, surjan pretensiones cuya justicia parece fuera de discusión. Mas una cosa es reconocer la justicia de esas pretensiones liquidatorias y otra bien distinta institucionalizar uniones que, en la medida en que tratan de dar cauce a aspiraciones individuales, pertenecen más bien al terreno de la privacidad y la libertad individual”.

 

Por lo que respecta a lo establecido en las CCAA, cabe destacar la Ley catalana 10/1998 de 15 de julio, que establece –en el art. 13 para las parejas heterosexuales y en el 31 para las homosexuales –, en el art. 13 que cuando la convivencia cesa en vida de los dos convivientes, aquel que, sin retribución o con retribución insuficiente, haya trabajado para el hogar común o para el otro conviviente, tiene derecho a recibir una compensación económica en caso de que se haya generado por este motivo una situación de desigualdad entre el patrimonio de los dos que implique un enriquecimiento injusto . La norma no deja lugar a dudas, pues sólo será beneficiario de dicha compensación quien haya sufrido una pérdida patrimonial cuando haya supuesto ganancia para el otro y sólo en dos casos muy concretos: cuando el que ha sufrido la pérdida se haya dedicado al cuidado del hogar o a ayudar a otro en su profesión, recogiendo de este modo los casos más típicos en que uno de los miembros de la pareja queda desfavorecido o desamparado, pero desde luego no todos. Por otro lado, esta compensación es una indemnización, en realidad, y será abonada con una cantidad, nunca en forma de pensión periódica. Por otro lado, el art. 14 de la citada Ley configura una obligación de alimentos periódicos para el caso de la ruptura de la pareja. Así, dispone el mencionado precepto que al cesar la convivencia, cualquiera de los miembros de la pareja puede reclamar del otro una pensión alimentaria periódica, si la necesita para atender adecuadamente a su sustento, si la convivencia ha disminuido la capacidad del solicitante de obtener ingresos o si tiene a su cargo hijos o hijas comunes, en circunstancias en que su capacidad de obtener ingresos quede disminuida.