Derecho de alimentos en uniones estables de pareja

Cabe preguntarse si existe obligación de alimentos entre los miembros de la pareja de hecho. La cuestión no es pacífica en la doctrina y existe además una abundante regulación autonómica al respecto que, si bien es similar, no es exactamente igual. No analizaré aquí toda la regulación autonómica al respecto, pues excede en mucho de lo que pretendo en este breve análisis, pero cabe resaltar de nuevo, como en otros trabajos he hecho ya, la indiscutible inconstitucionalidad de esas nomas.

La jurisprudencia se ha pronunciado en diferentes sentidos, por ejemplo:

-     SAP de Barcelona de 3 de noviembre de 1992, que dice que “la propia naturaleza de la unión de hecho, que se mantiene en todo momento por la sola voluntad de cada uno de los convivientes, es contradictoria con la imposición a éstos de un genérico deber de asistencia o de darse alimentos entre sí, que les privaría de su libertad para poner fin a la unión existente de hecho”.

-     SAP de Zaragoza de 25 de febrero de 1991, que entre otras cosas dice que “las personas que conviven de hecho more uxorio, no pueden ser consideradas cónyuges a efectos legales, ni por lo tanto surge entre ellos un deber legal de alimentos, salvo pacto expreso o explícito… cuando la convivencia more uxorio se rompe, ninguno de los que convivieron puede reclamar al otro alimentos al amparo del art. 143 del Código civil” .

Según ROGEL VIDE, “parece que, mientras duren, habrá una obligación de ayuda y socorro entre los miembros de la unión, cumplida espontáneamente en la inmensa mayoría de los casos y, exigible incluso si fuera menester ante los tribunales”. Y también afirma, habiendo tratado el tema de los alimentos entre cónyuges, que debe decirse lo mismo “por analogía, respecto de las uniones de hecho que desembocan en separaciones del género, si, ulteriormente a las mismas, se desencadena la necesidad de una de las personas antes unidas”.

Para LACRUZ BERDEJO, sin embargo, no existe tal derecho entre los miembros de la unión libre, pues sólo se da en los casos legalmente previstos. En el mismo sentido, GARCÍA RUBIO, que afirma que “como premisa general se puede comenzar afirmando en el estadio actual de la evolución jurídica que ninguna obligación legal de alimentos existe entre los convivientes more uxorio, ni constante la relación, ni una vez finalizada ésta, en forma de algún tipo de pensión, compensación o indemnización”.

En este sentido también, ESTRADA ALONSO, que dice que “la obligación del matrimonio es instantánea y aceptada conscientemente, mientras que las obligaciones de los compañeros vienen a ser la consecuencia y no la causa de una vida en común. La asimilación total entre uno y otra iría en contra de la libertad individual y de la libertad de contraer matrimonio, que necesita, para que se produzcan sus efectos, el consentimiento de los futuros cónyuges” . Ello, además, limitaría la libertad para poner fin a la relación no matrimonial, lo que iría en contra de su esencia.

Dice MESA MARRERO al respecto que “tampoco cabe la posibilidad de aplicar a los convivientes la obligación legal de alimentos entre parientes regulada en los artículos 142 y ss. del Código Civil, pues las personas que el artículo 143 señala como sujetos de la relación obligatoria alimenticia están ligadas por su vínculo conyugal o de parentesco, y tal vínculo no existe entre las personas unidas de hecho” . La misma autora dice, sin embargo, también que “parece razonable admitir que en el transcurso de una convivencia extramatrimonial –similar a la que desarrollan los cónyuges –, lo normal es que cada uno de los convivientes procure el bienestar y la asistencia material necesaria al otro, pues la relación afectiva que les ha llevado a iniciar una vida en común con proyecto de futuro comporta el cumplimiento voluntario de ese deber de atención mutuo. Podría decirse que durante la convivencia existe entre la pareja una obligación natural de alimentos ”. Dice la autora, además, que si bien la obligación natural no puede exigirse jurídicamente –judicialmente, se entiende –tampoco pueden repetirse posteriormente las cantidades, en base al artículo 1901 del Código Civil.

GARCÍA RUBIO cree que existe un derecho/deber mutuo de mantenimiento entre los convivientes pero que el fundamento del mismo no cabe encontrarlo en el art. 101 del Código Civil, sino que “la buena fe en el ejercicio de los derechos y la confianza recíproca generada por la convivencia, son bases suficientes para crear entre ambos miembros de la pareja el deber de mutua solidaridad en tanto dure la relación, que les obligará a contribuir uno para el otro, y ambos para sus hijos, al sostenimiento de la familia. Se tratará de un deber que, naturalmente, ha de cumplirse espontáneamente mientras continúe la convivencia, pues de no ser así lo habitual será la ruptura del grupo familiar y la desaparición de la citada solidaridad”. La autora afirma también, tras decir que si bien el deber de mantenimiento no puede exigirse judicialmente, como ocurre en el matrimonio, tampoco pueden repetirse las cantidades gastadas por este concepto, que “con esta interpretación se logra una tutela seguramente insuficiente, pero al menos mínima, del miembro económicamente más débil de la relación”.

GARCÍA RUBIO aboga por la regulación de un derecho genuinamente alimenticio entre los convivientes de hecho, para lo que considera más adecuada la modificación de algunas instituciones concretas, más que la elaboración de una norma ad hoc. La autora, dice que habría que reformar para ello el derecho de alimentos, pero no sólo el referido en los arts. 142 y ss. del CC sino a todas las figuras que cumplen una función análoga, como la contribución a las cargas familiares o la pensión compensatoria, para lo que pone su mirada en la De facto Relationship australiana. La autora considera también que los alimentos fijados en este ámbito deberían ser como regla general limitados en el tiempo.

Dice BACHS ESTANY que “es obvio que en Derecho común, hoy por hoy, no cabe esa pensión alimenticia, pues el conviviente carece de título legal para pedirla”.

Se me ocurre que, y al hilo de otro trabajo publicado en esta página sobre pensión compensatoria en uniones de hecho, para hacer justicia y siendo coherentes, si se admite que la unión estable, en contra o a favor de lo que opinen los miembros de la pareja, tiene ya efectos jurídicos, debe tenerlos todos. Creo que quien quiera en su relación tener los efectos del matrimonio debería casarse, pero también creo que, dado que se equipara la unión estable al matrimonio en determinados aspectos, debería equiparársele en todos.

Parece obvio que carecería de sentido que quien pueda verse beneficiado de una compensación al modo de la establecida en el art. 97 de CC a favor del cónyuge desfavorecido, llámese como se llame, básese en el enriquecimiento injusto o en otra figura, pueda ser detentador del derecho a reclamar alimentos a quien ha sido su pareja cuando se encuentrea en una situación de necesidad, pues qui potest plus, potest minus.

      Así pues, también, en lo que alimentos se refiere. De este modo, mientras dure la convivencia, existe un deber moral, con consecuencias jurídicas, de ayuda y socorro mutuos, y cuando acontece la crisis de la pareja, al igual que en el matrimonio, debe aplicarse la concesión de una pensión de alimentos, limitada en el tiempo, bien hasta que se considere que el miembro desfavorecido (el que ha sacrificado su carrera o el que se ha dedicado al cuidado del hogar y los hijos, que ha confiado en su situación de pareja de hecho y que ahora se encuentra sin medios para sustentarse) puede sustentarse por sí mismo, bien hasta que se dicte sentencia si ha reclamado una compensación. El problema estribará, como siempre, en la prueba de la existencia de la relación afectiva, que parece se refleja en la relación sexual, único dato que objetivamente puede diferenciar a la unión de pareja de la simple amistad o del convenio para compartir piso. Por otro lado, cabe, por supuesto, también, la posibilidad de que exista relación sexual sin relación afectiva o de pareja.