Breve análisis de la validez de los pactos entre los miembros de las uniones de hecho

Los pactos entre convivientes de uniones de hecho fueron durante mucho tiempo señalados como ilegales por ser contrarios a la moral y a las buenas costumbres, denegando su validez. Hoy día, aunque no es muy habitual en la práctica, la validez de estos convenios es indiscutible, con los únicos límites que imponen la ley, la moral, el orden público y la igualdad entre ambos miembros de la pareja.

Si bien, han planteado problemas en cuanto a su validez por poder ser considerados como precio o contraprestación a los servicios sexuales de la pareja. Dice Mesa Marrero que “tan sólo podría rechazarse la validez y eficacia de estos pactos cuando están condicionados a la relación personal que mantiene la pareja, es decir, siempre que el convenio suponga el pago o la contraprestación de las relaciones sexuales, pues resultaría inadmisible un pacto que directamente afecte a la persona o a su intimidad”. La autora recuerda además la Recomendación de 7 de mayo de 1988 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, que hace referencia a la validez de estos pactos y a sus disposiciones testamentarias y que recomienda a los países miembros que “adopten las medidas pertinentes para lograr que los contratos de naturaleza patrimonial entre personas que viven juntas como pareja no casada o que regulan sus relaciones patrimoniales no puedan considerarse como nulos por haberse concertado en estas situaciones”. Para finalizar con este asunto, dice la autora que “en nuestro ordenamiento jurídico, si bien no existe obligación legal de alimentos entre convivientes, no hay duda de la validez de los pactos alimenticios que las parejas de hecho acuerden. De este modo, los interesados pueden establecer un deber recíproco de mantenimiento, o bien que tal obligación de sustento la asuma un conviviente e favor del otro. Este tipo de acuerdos suscritos por las parejas de hecho son válidos y eficaces al amparo de la autonomía de la voluntad, y no pueden ser considerados hoy día como contrarios a la moral ni al orden público”.

Lacruz Berdejo afirma que “en el estado actual de las costumbres no parece ilícito un convenio de mantenimiento entre el hombre y la mujer que se unen sin boda, para fundar una familia”.

La SAP de Palma de Mallorca de 4 de febrero de 1993 señaló al respecto que “la validez de los pactos que quienes constituyen una unión no matrimonial pudieran celebrar para regular sus relaciones tanto durante la permanencia de su relación como los efectos en caso de producirse el cese, tienen plena validez siempre que su contenido sea patrimonial dado que, en definitiva, quienes así obran no hacen sino hacer uso de la autonomía de la voluntad que consagra el artículo 1255 del Código Civil”.

Afirma García Rubio que “este tipo de pactos podrán incluir una obligación recíproca de contribución a las necesidades familiares, a través de los recursos de todo orden de cada uno –incluida la actividad doméstica –, así como una promesa de recíproca asistencia material para el caso de necesidad. En principio, se puede convenir que el pacto vinculará por el tiempo que dure la relación, aunque también es lícito prever el posible derecho de alimentos en favor de uno de los convivientes para el tiempo que habrá de seguir a la ruptura de aquélla. El único límite temporal derivará de la prohibición implícita que impide obligarse de por vida. Si nada se ha expresado acerca de la duración, habrá de determinarse ésta acudiendo a las reglas generales de interpretación de la voluntad en los contratos”.

En cuanto a la regulación autonómica, cabe destacar la Ley catalana 10/1998 de 15 de julio, en cuyo art. 3, para las parejas heterosexuales, decía que los miembros de la pareja estable pueden regular válidamente, en forma verbal, por escrito privado o en documento público, las relaciones personales y patrimoniales derivadas de la convivencia así como los respectivos derechos y deberes. También pueden regular las compensaciones económicas que convengan para el caso de cese de la convivencia con el mínimo de los derechos que regula este capítulo, los cuales son irrenunciables hasta el momento en que son exigibles. Y el art. 22 de la misma Ley, en lo que respecta a parejas homosexuales, establece que los convivientes pueden regular válidamente, de forma verbal o mediante documento privado o público, las relaciones personales y patrimoniales derivadas de la convivencia, los derechos y los deberes respectivos. También pueden regular las compensaciones económicas que convengan en caso de cese de la convivencia con el mínimo de los derechos que regula este capítulo, los cuales son irrenunciables hasta el momento en que son exigibles. Sobre estos artículos opina Bachs Estany que esta regulación es mucho más favorable que la contemplada para los capítulos matrimoniales, que necesitan escritura. Para el autor, lo más notable de esta regulación es que permite la previsión de la compensación en el pacto si dado el caso la pareja rompe la relación, lo que es claramente diferente respecto de lo que ocurre en el caso del matrimonio.

Sobre esta cuestión es interesante analizar lo que ocurre con este tipo de pactos en otros ordenamientos de nuestro entorno. Así, en Italia, en opinión de Bernardini, estos convenios son válidos siempre que se respeten los límites impuestos por el orden  público y las costumbres y siempre que las cláusulas de los mismos no limiten la libertad personal de los miembros de la unión o afecten a derechos indisponibles. Muestra su conformidad con las cláusulas que puedan ser meramente patrimoniales pero cuestiona la validez de las que se refieran al establecimiento de una pensión vitalicia de alimentos, por cuanto considera que podría ser entendida como contraprestación de los servicios sexuales.

Por su parte, en Francia, es generalmente admitido por la mayoría de la doctrina que los miembros de la unión estable de pareja puedan pactar las condiciones patrimoniales de su relación y que dichos pacto sean plenamente válidos. Aparte de los que los miembros de una unión estable puedan pactar haciendo uso de su autonomía de la voluntad, existe en el país galo, como ya he explicado, el llamado pacto civil de solidaridad que, a pesar de su nombre, es un institución ya organizada en su regulación.

En el entorno del Common Law, dice García Rubio que “la posibilidad de un impled cohabitation contract, perfectamente consagrada en el sistema del common law a partir del célebre caso Marvin v. Marvin, no parece enteramente trasplantable al Derecho continental, donde se afirma que la intención de asumir obligaciones recíprocas debe resultar de claras e inequívocas manifestaciones de voluntad de los convivientes.