Las parejas de hecho "redescubren" el matrimonio

La unión que en Derecho llamamos more uxorio, o más comúnmente unión libre o de hecho y pareja de hecho, es aquella en la que, no habiendo matrimonio, existe una relación estable de pareja, affectio maritalis, relación sexual –aunque podría discutirse si tal relación puede ser un rasgo esencial del matrimonio civil –y convivencia –pudiendo discutir esta cuestión también en el sentido de su necesidad –y se articula entre los convivientes como si de un matrimonio se tratara. No se incluyen en este tipo las relaciones que podríamos denominar esporádicas o que a pesar de su continuidad se desarrollan en el marco de la clandestinidad, como pudiera ser una segunda pareja con la que se mantiene una relación paralela al margen del matrimonio.

No existe una norma estatal que regule los deberes, obligaciones y derechos de los miembros de las uniones libres, sino sólo determinadas normas concretas que regulan cuestiones puntuales (como la subrogación en el arrendamiento de vivienda). Las Comunidades Autónomas, sin embargo, sí han entrado a regularlas, y de manera global, tanto las que tiene competencia legislativa en Derecho Civil, como las que no. Este hecho no está exento de polémica. Dice Bercovitz que “son anticonstitucionales porque las Comunidades Autónomas carecen de competencia legislativa en materia civil sobre esta materia, incluidas las Comunidades con propio Derecho civil, foral o especial. Pero, sobre todo, son anticonstitucionales porque en verdad lo que vienen a establecer, bajo la denominación de parejas o uniones de hecho o estables, es una segunda clase de matrimonio en cada Comunidad, con diferentes requisitos y efectos a los vigentes con carácter general para el matrimonio. Ello implica que ni siquiera el legislador estatal es competente al respecto, por la sencilla razón que nuestra Constitución permite únicamente una clase de matrimonio, con únicos requisitos y efectos básicos, autorizando la diversidad exclusivamente para la forma de celebración (art. 32.2 CE)…”

Debe recordarse en este punto lo establecido en el art. 149.8 de la Constitución en cuanto a las materias reservadas al Estado: legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan. En todo caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenación de los registros e instrumentos públicos, bases de las obligaciones contractuales, normas para resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del derecho, con respeto, en este último caso, a las normas de derecho foral o especial.

Dejando esta cuestión aparte, de la que más adelante publicaré otro artículo, y centrándome en la cuestión central de este trabajo, cabe citar a Lacruz, que habla incluso de familia de hecho: “Para que haya lo que se denomina comúnmente una familia de hecho es precisa una vida paraconyugal de la pareja, que se conduce como matrimonio y como tal se pretende y presenta. Se trata de una situación familiar (STC 222/1992, 11 diciembre) en la que dos personas viven juntas y mantienen relaciones sexuales entre sí sin formalizar su relación, por lo que pueden unilateralmente y sin intervención judicial ultimar y dejar sin efecto la relación”.

Para Zolligkofer, “el problema que plantea el matrimonio legal es el de su ordenación seriada, colectiva, vinculante, mientras el hombre moderno sólo puede vivir en un matrimonio individual. El hombre moderno tiende a superar el matrimonio civil, estatal, y a desarrollar su personalidad en un matrimonio interno, individual, autorresponsable ”. Para ello, por cierto, propone el autor un contrato detalladísimo.

Pittí, yendo más allá, afirma que “el no reconocimiento de las uniones de hecho sigue un modelo autoritario de poder y discriminación que socava la democracia familiar y social. Ese poder vertical de sometimiento familiar, está arraigado en todos nuestros Códigos Civiles, a los que seguimos apegados, postulando un Derecho Familiar atenazado por sus estructuras, pero que afortunadamente van cediendo, por el designio implacable del tiempo, en el que las familias, cualquiera que sea su forma de constitución, surgen bajo los nuevos paradigmas de un Derecho emergente, vivo y dinámico”.

Por mucho que yo le dé vueltas a este asunto, no alcanzo a comprender por qué personas heterosexuales, y ahora también homosexuales –desde el reconocimiento del matrimonio civil entre personas del mismo sexo –, solteras o divorciadas, que pueden contraer un matrimonio civil, y no religioso, se niegan a hacerlo por el hecho de que la institución siente sus raíces en una tradición claramente católica –pues creo que quizá esté ahí el quid de esta cuestión –, cuando ya está desprendida de ello y cuando sí desean registrarse como unión de hecho –será sólo por el nombre –y tener los mismos derechos. ¿Por qué debe haber dos figuras llamadas de distinta manera y con el mismo contenido?

Es muy común encontrar referencias en cierta doctrina –e incluso en los medios de comunicación, asociaciones que defienden la unión libre, etc… -, a la discriminación que padecen las parejas de hecho dado que no se les conceden los mismos derechos que al matrimonio.

Debe advertirse que, si bien es entendible, desde el punto de vista humano, que pasado largo tiempo de relación, por ejemplo, de hecho, uno de los miembros fallece, el que el otro quiera tener derecho a lo que hubiera tenido de haberse casado. Pero, cuando se reivindica la asimilación de las uniones de hecho con el matrimonio y su regulación para dar satisfacción a la consabida necesidad de seguridad jurídica, la unión, a mi humilde entender, deja de ser de hecho, sino de Derecho, y si se equipara en derechos y deberes/obligaciones al matrimonio, ¿por qué habremos de albergar en un mismo ordenamiento jurídico dos instituciones de idéntico contenido pero de nomenclatura distinta?

También debe tenerse en cuenta que debe entenderse que quien no contrae matrimonio es porque no quiere vincularse jurídicamente al otro, y su pareja, bien esté de acuerdo, bien no lo esté pero lo acepte dado que no rompe la unión, debe también tenerlo presente. Como dice el TS en la famosa Sentencia de 12 de septiembre de 2005: “Apenas cabe imaginar nada más paradójico que imponer una compensación económica por la ruptura a quien precisamente nunca quiso acogerse al régimen jurídico que prevé dicha compensación para el caso de ruptura del matrimonio por separación o divorcio”.

No cabe, entiendo, que pudiendo haberse casado y no habiéndolo hecho, cuando acontezca la crisis de pareja, se pretendan unos derechos cuyo contrapunto eran unos deberes que no se quisieron asumir.

En esta línea, dice Lacruz que el legislador no puede perder de vista la opción de los miembros de la unión de hecho, que no quieren un régimen jurídico, y por ello debe tener presente que la unión libre es querida como tal, no como un sucedáneo del matrimonio y que no cabe institucionalizar lo que en sí no constituye una institución, no queriendo ello decir, en absoluto, que las uniones libres estén prohibidas, pero plantean problemas que resolver, dada la falta de un vínculo jurídico contractual donde, como en el matrimonio, se prevean todas sus posibles vicisitudes, por lo que: “a´) la normativa que a ellas se refiera, si ha de respetar la voluntad que se supone en los convivientes, no abordará el conjunto de la relación, sino aspectos puntuales; b´) el régimen habrá de ceñirse al tipo concreto de unión, teniendo en cuenta sus peculiaridades y lo que sea justo para aquel problema específico en aquel caso singular. Lo contrario que en relación al matrimonio; y c´) lo que básicamente interesa es atender a los problemas más repetidos y acuciantes en los casos de ruptura conflictiva de la pareja”

Esta tensión entre la opción por la no regulación en base a la absoluta libertad de los miembros de la pareja que no desean vincularse jurídicamente y la demanda de una equiparación de derechos de uniones de hecho y matrimonio se refleja en la doctrina.

La STS anunciada, de 12 de septiembre de 2005, explica la diferenciación jurídica, en referencia a la posible aplicación de la compensación del art. 97 y por analogía a las uniones de hecho, que dice, entre otras cosas lo siguiente: “Aunque el Tribunal Supremo no es un legislador… es preciso proclamar que la unión de hecho es una institución que no tiene nada que ver con el matrimonio… Es más, hoy por hoy, con la existencia jurídica del matrimonio homosexual y el divorcio unilateral, se puede proclamar que la unión de hecho está formada por personas que no quieren, en absoluto, contraer matrimonio con sus consecuencias. Por ello debe huirse de la aplicación por analogía legis de normas propias del matrimonio como son los arts. 97, 96 y 98 CC, ya que tal aplicación comporta inevitablemente una penalización de la libre ruptura de la pareja, y más especialmente una penalización al miembro de la unión que no desea su continuidad. Apenas cabe imaginar nada más paradójico que imponer una compensación económica por la ruptura a quien precisamente nunca quiso acogerse al régimen jurídico que prevé dicha compensación para el caso de ruptura del matrimonio por separación o divorcio… ahora bien, todo lo anterior, no debe excluirse cuando proceda el derecho resarcitorio, para los casos en que pueda darse un desequilibrio no querido ni buscado, en los supuestos de una disolución de una unión de hecho… Pues bien, dentro del ámbito del derecho resarcitorio y dada la ausencia de norma concreta que regule la cuestión actual, habrá que recurrir a la técnica de la analogía iuris, o sea no partir para la aplicación analógica de una sola norma, no proceder de lo particular, sino que, partiendo de una serie o conjunto de normas, tratar de deducir de ellas un principio general del Derecho. En conclusión, que hay que entender la analogía iuris como un mecanismo de obtención y de aplicación de los principios generales del Derecho”.

En definitiva, algo tan básico como el consentimiento como requisito indispensable para que el matrimonio nazca y despliegue sus efectos, no puede saltarse a la ligera para dar solución a un problema práctico, dado que si tan importante es para que el matrimonio surta todos sus efectos, igual importancia debe tener el que no se preste conscientemente precisamente para que no se den los efectos, no queridos, del matrimonio. Lo que quebranta la voluntad y la libertad de los miembros de una unión de hecho no es el no aplicarle los efectos y consecuencias del matrimonio, sino precisamente el aplicárselas”.

La sentencia citada fue objeto de dos votos particulares, el de O´Callagham y el de Ferrandis y Roca:

- “La contribución de la mujer, muy prolongada en el tiempo, pues ha durado 19 años, tiene que tener una valoración económica cuando esta situación de estabilidad a la que la demandante ha contribuido eficazmente se ha roto…, lo que crea razones de justicia y equidad para indemnizar –sin que se especifique, en el Voto, el cauce a seguir para tal hacer –a la persona que se ha dedicado, en una manera más singular e intensa, a la familia, en perjuicio de su promoción personal y profesional”.

- “Pensamos que, en ciertos casos, pueden aplicarse –a la ruptura de las uniones de hecho –reglas relativas a los efectos de la ruptura matrimonial y, más concretamente, las que regulan el derecho a una pensión compensatoria, sin necesidad de utilizar las reglas del enriquecimiento injustificado, que no siempre será el remedio más adecuado para solucionar el problema… Podría aplicarse a la ruptura de la pareja de hecho, por analogía, el régimen previsto para el matrimonio en el artículo 97 del Código civil; el enriquecimiento injustificado, en cambio, requiere un aumento patrimonial en uno de los convivientes a costa del otro… Por ello, discrepamos respetuosamente de la argumentación contenida en la sentencia, que podría inducir a la interpretación de que esta Sala usa como términos equiparables la compensación y el enriquecimiento injustificado”.

Rogel critica la sentencia del TS en los siguientes términos: “me parece rotundamente criticable, amén de trasnochado, de la Sentencia es la afirmación de que la unión de hecho es una institución que no tiene nada que ver con el matrimonio, por ser contraria, ésta, al sentir manifestado por el Tribunal Supremo, y por el Constitucional también y teniendo a la vista el artículo 39 del texto constitucional, en diversas ocasiones, señaladas –valga por caso –en la Sentencia del dicho Tribunal Supremo de 5 de julio de 2001, Sentencia que, por su parte, nos recuerda, muy pedagógica, que los propios emperadores cristianos se preocuparon de la aproximación del concubinato al matrimonio, concubinato que deviene, con Justiniano, una unión conyugal de inferior categoría”.

En cualquier caso, la famosa sentencia “marcó un nuevo punto de partida en la dirección que había de seguirse al respecto. Dicha sentencia fue dictada con la finalidad de fijar una línea jurisprudencial uniforme para dar solución al problema jurídico derivado de la finalización de las relaciones estables de pareja, fundamentalmente cuando no existe norma legal que determine sus consecuencias, ante la diversidad de soluciones propuestas por la doctrina y también desde la jurisprudencia”.

Lacruz estima que el problema se centra en el art. 14 de la Constitución y en analizar hasta qué punto debe otorgarse la misma protección a la familia no matrimonial que a la matrimonial, después de afirmar que en nuestro ordenamiento no hay una familia digna de protección, sino familias. Cabe alegar aquí, que no se trata, ahora, de la protección a la familia, dado que, por lo que se refiere a los hijos, iguales derechos tienen sean matrimoniales o no, sino de esclarecer si los miembros de una unión libre tienen los mismos derechos y obligaciones que los cónyuges entre sí. La alusión al art. 14 de la CE debe tener también en cuenta, como es sabido, que el trato de la ley dado por igual requiere de iguales situaciones a las que deba de aplicarse, como afirman Díez-Picazo y Gullón, “el principio de igualdad ante la ley del artículo 14 Const. exige la presencia de situaciones que deban considerarse iguales y no hay igualdad de supuesto de hecho entre el matrimonio, que goza en la Constitución de una garantía institucional proclamada por el artículo 32, y las demás uniones de pareja que se puedan formar”. Tal es la necesidad, comprensible, de seguridad jurídica en algunos casos, para la pareja, que es cada vez más frecuente la celebración de pactos que regulan la relación y, sobre todo, las posibles consecuencias de la ruptura de la pareja.

En otros ordenamientos, las soluciones han sido de lo más dispares, existiendo desde los que la rechazan totalmente, no otorgando ningún efecto jurídico, hasta las más permisivos, como los hispanoamericanos en general.

En nuestro ordenamiento, podemos concluir que existen cuatro maneras distintas de organizar la vida en común o la familia: el matrimonio –sea heterosexual u homosexual –, la pareja de hecho inscrita y que se acoge a la regulación de cada Comunidad autónoma, la pareja de hecho que se acoge a lo acordado entre ellos en un convenio, y la pareja de hecho que no se acoge al régimen de pareja de hecho de una Comunidad Autónoma y no suscribe un contrato, pero que, pese a ello, y por lo que explicaré, no está exenta de efectos civiles, no es ajurídica, y por supuesto tampoco antijurídica.

Uno de los problemas más complejos que acontece llegado el momento de la crisis de la pareja estable es el de la prueba de su existencia. La STS de 18 de mayo de 1992 estableció que “la convivencia more uxorio ha de desarrollarse en régimen convivencial de coexistencia diaria, estable, con permanencia temporal consolidada a lo largo de los años, practicada de forma externa y pública con acreditadas actuaciones conjuntas de los interesados, creándose así una comunidad de vida, intereses y fines, en el núcleo de un mismo hogar”.

 

Pero sobre esto, ya hablaré en otro trabajo, así como sobre el problema de la pensión compensatoria y los alimentos entre uniones estables de pareja no casadas.